Hasta el mes de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró una caída del 1.3 por ciento en el número de afiliados respecto a los reportados en 2018, según un reporte emitido por el Observatorio Ciudadano Asociación Civil.
El año pasado el IMSS registró un total de 225 mil 667 afiliados, mientras que hasta agosto pasado estos alcanzaron los 222 mil 577 afiliados, es decir, 3 mil 90 empleos menos.
Chiapas se ubica en el número 22 a nivel nacional con una aportación del 1.09 por ciento de afiliados, mientras que en 2018 tuvo una participación de 1.12 por ciento.
De acuerdo al reporte, durante enero el número de afiliados fue de 220 mil 580, cinco mil 87 menos que el reportado un mes antes. Para febrero el registro marcó 222 mil 41 afiliados, en marzo se incrementó a 222 mil 778, en abril tuvo un ligero descenso y se colocó en 222 mil 472, mientras que mayo siguió con la misma tendencia con 221 mil 608.
La pérdida de afiliados continuó para junio, con 221 mil 222 afiliados; para los meses siguientes comenzó a recuperarse, hasta alcanzar los 222 mil 577 trabajadores afiliados en agosto.
El 2018 fue el año que se tuvo un mayor registro de afiliados en el IMSS. Este 2019 la baja en la actividad económica ha generado el cierre de algunas plazas laborales, cifra que de 2010 ha oscilado entre los 198 mil 114 a 221 mil 900.
Importante mencionar que un aspecto que impide que el número de afiliados al IMSS incremente, es que muchos trabajadores subordinados a un patrón y son remunerados no cuentan con un contrato laboral.
Según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Chiapas esto afecta a un 73 por ciento de los chiapanecos, mientras que a nivel nacional esta cifra asciende al 54 por ciento.
Esto los priva de recibir las prestaciones de ley y les impide cumplir con sus obligaciones como trabajadores y sobre todo al patrón, en términos fiscales, al no existir un documento que avale la relación laboral.
De acuerdo al organismo, el nueve por ciento de la población trabaja temporalmente o por obra determinada, de lo cual no existen garantías. Además, sólo un 18 por ciento de los empleados cuenta con un trabajo de base o planta.
Esto deriva en que los trabajadores no puedan acceder a instituciones de salud pública o un crédito hipotecario, y sobre todo en un gran número de despidos injustificados, sin la protección de una ley que los ampare.