Lamentan feministas que funcionarias promuevan ideales personales
Los recursos públicos no deberían ser destinados para promover ideales personales, como la promoción de una película pro vida, por parte de diputadas locales y de la senadora de la República, Sasil de León Villard, así lo dieron a conocer activistas en defensa de los derechos de las mujeres.
Cabe mencionar que, este fin de semana, las servidoras públicas encabezaron la presentación de la película "inesperado", la cual, fue presentada en un cine comercial de Tuxtla Gutiérrez, con el tema "pro vida", sin embargo, activistas aseguran que ninguna de las dos funcionarias ha realizado acciones en beneficio de las mujeres.
"me parece grave que las servidoras públicas que deberían luchar por nuestros derechos, porque sean derechos sustantivos para todas las mujeres y no solamente un privilegio para las mujeres ricas, me apena que se destinen recursos públicos, que se utilicen las curules espacios tan importantes como la decisión de poder legislar a favor de la vida, sobre todo de las mujeres más pobres, es grave lo que se está haciendo".
Asimismo, Selene Domínguez, feminista y defensora de los derechos hacia las mujeres, se pronunció en contra de que esta película se promueva en las escuelas públicas, puesto que la educación debería ser laica y no basada en creencias religiosas, pues se debe ver el tema del aborto como un problema de salud pública.
"hay una tendencia que se está generando desde la federación, que es la apertura de este tema en los congresos locales, ya tenemos la experiencia en Oaxaca, está contando Hidalgo, en el caso de Chiapas me da particular gusto que ya se haya abierto, se llevó a cabo un foro, esperamos que sea algo que avance y se siga".
El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó dos mil 135 carpetas de averiguaciones previas del año 2015 al 2018. (512 en 2015, 538 en 2016, 515 en 2017 y 570 en 2018) contra mujeres que se realizaron un aborto.
El SNSP informó que de 2009 a 2016 se han recibido 111 mil 413 denuncias por violación sexual en las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República. Pero del 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2016, solo hubo 43 autorizaciones judiciales para interrumpir el embarazo de manera legal por violación.