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El Pleno del Senado aprobó las leyes secundarias para establecer un modelo de simplificación orgánica en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
El documento plantea que las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Está tendrá la atribución para regular la Plataforma Nacional de Transparencia; además, se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado Transparencia para el Pueblo.
El dictamen sustituye al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
También se establece que las autoridades responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública son:
Michel González Márquez, del PAN, advirtió que el proyecto no implica un simple cambio administrativo, sino que representa un "atentado a la democracia", pues plantea que el gobierno se vigile a sí mismo y no dé garantías para que los datos sensibles de los ciudadanos, como los bancarios, se usen con fines políticos o "terminen en manos equivocadas".
Rolando Rodrigo Zapata Bello, del PRI, manifestó que la propuesta representa una estrategia deliberada para centralizar el poder en el Ejecutivo Federal, ya que se elimina a los organismos que garantizaban una fiscalización independiente; "la transparencia quedará subordinada a conveniencias y cualquier dato incómodo simplemente desaparecerá".
Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, señaló que hubo una clara "violación" a la normatividad reglamentaria del Senado, ya que el dictamen se turnó únicamente para opinión a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, mientras que su dictaminación la realizaron las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Primera; es decir que, la Mesa Directiva y la Secretaría General de Servicios Parlamentarios pasaron por alto que la materia de las iniciativas encajan en el ámbito de dicho órgano legislativo.
Durante la discusión Nora Ruvalcaba, de Morena, propuso modificar el párrafo sexto del artículo 39 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para establecer que: "El Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Federal de Protección a Personas, las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal Ministerial y Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Federal de Investigación Criminal, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor de Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada o bien las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los comités de transparencia".
La reforma fue enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación.
En conferencia de prensa realizada durante la tarde de este martes en la entrada principal del Congreso del Estado de Chiapas, docentes de diferentes niveles educativos, perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmaron que sigue en pie el paro laboral de 48 horas para los días 6 y 7 de marzo.
Con dicha acción, exigirán la abrogación de la Ley del ISSSTE 2025, además rechazan el uso de UMAs para pensiones, AFORES y el aumento de años para la jubilación, indicaron que de no tener respuesta en estas 48 horas, se irán un paro de 72 horas, en fechas por anunciar.
Agregaron, que si siguen sin tener respuesta, se irán a un paro de indefinido, donde no sólo estará personal docente, si no todos los trabajadores que estén afiliados al ISSSTE, para el movimiento de este jueves y viernes próximos, esperan la participación de al menos 10 mil docentes.
Durante una gira de trabajo en Estados Unidos, Willy Ochoa mantuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno estadounidense y congresistas, en las que coincidieron en la urgente necesidad de fortalecer las acciones contra el crimen organizado y los gobiernos que han mantenido vínculos con el narcotráfico.
Ochoa Gallegos destacó que el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos representa un cambio radical en la lucha contra el crimen organizado, y México no será la excepción. Así lo afirmó Willy Ochoa, quien advirtió que el gobierno estadounidense tomará medidas contundentes contra los narcogobiernos que han permitido la expansión del crimen en el país.
"No tengo la menor duda de que Donald Trump irá por los narcogobiernos. Su política de seguridad siempre ha sido clara en la Casa Blanca: aquellos gobiernos que han pactado con el crimen organizado estarán en la mira", señaló Ochoa.
El político chiapaneco hizo referencia a casos como el del exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien ha sido vinculado con el crimen organizado y acusado de proteger estructuras del narcotráfico en la entidad. "Lo que ocurrió en Chiapas es el reflejo de una política fallida y cómplice. No podemos seguir permitiendo que quienes están para gobernar trabajen en favor de la delincuencia en lugar de combatirla", sentenció.
Ochoa enfatizó que el crimen organizado no solo ha tomado territorios, sino que también ha infiltrado estructuras gubernamentales, debilitando la seguridad nacional y afectando el desarrollo económico del país. "Estados Unidos no se quedará con los brazos cruzados y, si el gobierno de México no toma cartas en el asunto, serán las autoridades extranjeras quienes actúen, como ya lo han venido haciendo al declarar a los cárteles como terroristas", advirtió.
""La entrega de 29 líderes históricos mexicanos del narcotráfico responde a un ánimo restaurativo de las relaciones bilaterales, para resarcir en parte el daño que el tráfico de estupefacientes ha generado a ambas naciones. Sin embargo, esto es solo el inicio de un proceso de justicia que también buscará desmantelar las profundas relaciones entre la delincuencia organizada y las altas estructuras del poder político. La imposición de nuevos aranceles en la relación comercial con México, como ha planteado Estados Unidos, es una consecuencia directa de no atender debidamente el tema del narcotráfico y de no mostrar ejemplos claros de que nuestro país esté comprometido con el desmantelamiento del narcogobierno, lo que agrava aún más la percepción de una política permisiva y poco efectiva", precisó.
Finalmente, Ochoa llamó a los ciudadanos a estar alerta y exigir gobiernos responsables. "No podemos seguir permitiendo que quienes deberían protegernos sean los mismos que negocian con el crimen. México necesita liderazgo y firmeza para recuperar la paz", concluyó.