Año con año, los Ayuntamientos chiapanecos son auditados y aunque se han registrado infinidad de anomalías en cientos de ayuntamientos, muy pocos, han sido llamados ante la ley.
"Revisan la ejecución de los recursos, tanto documentalmente como físicamente y emiten un acta donde se le da la oportunidad de 45 días a la autoridad para solventar observaciones".
En Chiapas, los casos que se han detectado corresponden a delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público, enriquecimiento ilícito y peculado.
"Cuando un empleado público o que tenga contacto con el Estado utiliza, aprovecha, malversa, dispone de fondos públicos o bienes que pertenecen al sector público".
Entre los casos más recientes se encuentra la Auditoría del 2023 realizada al municipio de Berriozábal, gobernado por segundo periodo consecutivo por Jorge Acero Gómez, de Morena; en el que se advierte de un presunto daño a la Hacienda Pública Municipal por 8 millones 355 mil pesos.
Asimismo, el alcalde reelecto de Palenque del PVEM, Jorge Cabrera, de quien la ASE (en el oficio ASE/AEPSI/DSR/0001/2024) detecta irregularidades por más de 78 millones de pesos desde 2022. En este caso, la auditoría reveló 22 observaciones principales, de las cuales 16 permanecen sin resolver, sumando un monto de 64 millones 883 mil 919 pesos.
"Ha sucedido mucho, yo tengo en lo personal que ha sucedido tanto en la ASF como en la ASE, donde hay ayuntamiento hasta el 2028, 2015 que todavía están en el proceso litigioso".
En estos dos casos ?que son los más recientes-, aún tienen la oportunidad de solventar las observaciones.
Las anomalías detectadas, pueden ir dirigidas a todo un Cabildo, presidencia municipal, tesorería, dirección de obras, incluso, actualmente pueden llegar a empresas particulares que en algún momento hayan ejercido recursos federales.
Las observaciones no son resueltas a cabalidad, son resueltas parcialmente o no fueron cumplidas conforme a lo requirió por la auditoría, es turnada al área jurídica de responsabilidades administrativas y se inicia un procedimiento formal.
"Estas penas van hasta 13 años, también hay sanción directa por el congelamiento de fondos, la quiebra de instituciones financieras y los préstamos vinculados con dineros públicos".
En 2013, la Policía Ministerial detuvo a seis ex alcaldes de Chiapas, acusados por el delito de peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa, entre otros delitos presuntamente cometidos durante sus respectivos gobiernos municipales.
Ex presidentes fueron:
Quizá el caso más sobresaliente es el del ex alcalde de Tuxtla Chico José Esaú Guzmán Morales, quien fue recluido en el Centro de Reinserción Social #14, El Amate.
"Tenemos el caso de funcionarios públicos que han sido embargados en bienes, cuentas y también constructoras que han dejado de operar, porque si tienen algún adeudo, algún pendiente en Hacienda del Estado, no les dan su constancia de no adeudo y con eso no pueden contratar obra pública".
Un caso más es el del municipio de Tuzantán, en donde la ASE emitió 11 observaciones por un monto superior a los 8 millones de pesos por irregularidades y anomalías en su cuenta pública de 2022, cuando gobernaba Bany Obed Guzmán Ramos.
O bien, la detención de Irán Mérida Matamoros, quien fuera alcalde del municipio de Frontera Comalapa, a que se le fincaron responsabilidades por peculado en el ejercicio 2010.
"Se le obliga al funcionario al resarcimiento de daños, se turna esta resolución de resarcimiento de daños a Hacienda Estatal o federal para que realice un procedimiento de ejecución de cobro y embargo, es decir, terminan embargando cuentas bancarias".