Policías desalojan a socios de Conejobus en plantón
En las últimas horas, un grupo de aproximadamente 50 policías, portadores de armas largas, arribaron al parque central en donde se encontraban en plantón los socios consecionarios del Sistema de Transporte Urbano "Conejobus", que, exigen los pagos por más de 105 millones que las autoridades les adeudan de las desaparecidas rutas 1 y 2, que circulaban en Tuxtla Gutiérrez.
Estos socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV, Conejobus, cumplieron 30 meses sin poder cobrar sus ingresos de 3.5 millones de pesos mensuales por el usufructo de sus concesiones y placas, después de más de 100 días de sostener el plantón indefinido en la plancha del zócalo, muy cerca de las puertas de Palacio de Gobierno.
"No hemos logrado respuestas de las autoridades estatales", explicó María del Carmen Chayoga Labra, la representante común.
La suma de la deuda supera los 105 millones de pesos, que la Secretaría de Movilidad y Transporte, no ha querido reconocer, los afectados son 105 socios, la lucha ha sido constante sin lograr que las autoridades se muestren sensibles para buscar una solución de fondo al adeudo, así como la reinstalación de los socios legítimos dueños de las rutas 1 de la avenida central y 2 de la calle central.
Durante la noche, los policías arribaron al primer cuadro de la capital y retiraron las mantas, mesas, sillas y el campamento con supuesto lujo de violencia.
Diversos sectores como la CNTE se manifestaron en contra del desalojo, ya que se trata de personas adultas mayores, algunos enfermos, que solo exigen lo que les corresponde.
El Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV, "Conejobus", surgió en enero del 2010 durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero, con autobuses climatizadas que debían operar con biodiesel, para ello, desaparecieron las rutas 1 y 2 del transporte colectivo, los concesionarios constituyeron una sociedad anónima de capital variable con el gobierno del estado, los socios tendrían ingresos por usufructo de sus concesiones y placas por 3.5 millones de pesos mensuales.
Al principio se les fue pagando puntualmente, pero al paso de los meses se empezaron a rezagar los pagos y la empresa se clausuró en el 2020 por el actual gobierno, la responsable de la operación de la desaparición es la Secretaría de Movilidad y Transporte, que según los socios solamente les ofreció el pago de un finiquito primero por 15 meses y luego por 10 meses de todos los que se les adeuda, lo que no aceptan.