Policías estatales y municipales refieren que hay sanciones administrativas y penales cuando no siguen instrucciones aunque violenten derechos humanos de terceros.
Hasta por no rasurarse o portar bien el uniforme pueden ser arrestados, y hay casos en donde son sancionados económicamente por sus superiores por cualquiera de estas faltas.
En momentos de enfrentamiento no cuentan con las garantías en cuanto a la cobertura de sus gastos médicos y es que los servicios que reciben los uniformados son deplorables.