Con toda la intención de evadir responsabilidades el funcionario, a decir de testigos, no se encuentra en el Estado, el mandato judicial señala que, ante la omisión en el caso de una demanda laboral, el funcionario cayó en irresponsabilidades y por consecuencia se dictaminó que este sería sujeto a un arresto por 72 horas y al pago de una multa de casi 90 mil pesos, además de la congelación de sus cuentas bancarias personales.