Habitantes de diversas comunidades en la Selva Lacandona se unieron en una marcha en el poblado de Frontera Corozal para instar al gobierno federal a tomar medidas efectivas contra los grupos del crimen organizado que mantienen en vilo a la población de esta región. A través de pancartas y un mensaje apasionado, los habitantes expresaron su angustia y la necesidad de vivir en paz en una zona que se ha visto afectada por la violencia. La Selva Lacandona, al igual que otras regiones de Chiapas, ha sido escenario de la disputa entre los dos principales carteles de la droga de México por el control de rutas de tráfico de mercancías ilegales y personas. Los pobladores relataron que estos grupos han cooptado a algunos líderes locales y han intensificado el tráfico de drogas, armas, personas y ganado de manera ilegal desde Guatemala. Lo anterior ha resultado en un alto costo para la población, con asesinatos y amenazas a quienes se niegan a colaborar. Algunas comunidades como Frontera Corozal y otras ubicadas en las cañadas del Río Perla y Santo Domingo, la población ha establecido retenes para detener a quienes participan en actividades ilícitas. Pero acción ha resultado insuficiente y ha sido implementada solo en ciertas áreas. Los manifestantes exhortaron al gobierno federal a intervenir con acciones efectivas para detener a quienes promueven estas actividades criminales. El pasado 12 de octubre, los habitantes retuvieron a ocho policías estatales a quienes acusan de no actuar contra los agresores. Durante la marcha del sábado, llevaron una lona solicitando a la Fiscalía General de la República (FGR) que acelere la orden de aprehensión contra líderes del crimen organizado en San Javier. Previo a estas manifestaciones, las comunidades en las cañadas de la selva enviaron una solicitud de audiencia al gobierno federal desde el mes de septiembre, pero aún no han recibido respuesta. Esperan que el gobierno escuche sus demandas antes de recurrir a acciones más drásticas para enfrentar a sus agresores.