Organizaciones y activistas denunciaron la muerte de nueve monos capuchinos y cinco osos perezosos bebés quienes fueron sacrificados con una inyección letal 15 días después de haber sido rescatados por la Policía Federal en Chiapas, donde serían usados con fines de venta ilegal. La decisión del sacrificio fue tomada por el Ministerio Público de Tapachula, quien cedió los ejemplares a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), "en cumplimiento a las disposiciones previstas por los artículos 23 y 35 fracción III de la Ley Federal de Sanidad Animal", El sacrificio se llevó a cabo con el argumento de que se encontraban en cuarentena, pese a que diversos estudios indicaban que no existían riesgo alguno de mantenerlos con vida, tras salir negativos para las enfermedades de encefalitis, fiebre amarilla y gusano barrenador del ganado