Aunque las autoridades informan que la seguridad en la Frontera Sur del país se ha reforzado para cumplir con los protocolos sanitarios que demanda la contingencia por COVID-19, defensores de derechos humanos, aseguran que éstos han sido extremos y no se respetan los Derechos de las y los migrantes.
El Instituto Nacional de Migración, dio a conocer que, desde este inicio de semana, en Ciudad Hidalgo -región fronteriza con Guatemala- instalaron agrupamientos organizados, equipados y entrenados, quienes auxiliarán para el rescate humanitario en la frontera sur.
Y aunque las mismas autoridades hacen un llamado a su personal para ir en contra de los que se aprovechan de las necesidades de las personas migrantes, la realidad, es que sí se abusa de la población migrante, según denuncian defensores.
"Es bastante extremo, de alguno u otra forma está violentando del libre tránsito de las personas migrantes? no se están dando esas recomendaciones, al contrario, lo que hemos visto es que no se garantiza seguridad jurídica de las personas, algunas se encuentran en estado vulnerable".
Cabe mencionar que para que un migrante pueda pasar a territorio mexicano -además de cumplir con la documentación que así se lo permita- debe haberse realizado una prueba para descartar que tiene COVID-19, misma que ellos deben costear, además de todos los gastos que implican su recorrido hacia territorio estadounidense.
"Es lamentable que en Tapachula exista un nombramiento de un visitador en asuntos para cuestiones migratorias, donde la CEDH le dé un nombramiento y que esa persona no conozca procedimientos y que estén omisas en estas acciones".