La iniciativa del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar para eliminar el fuero parlamentario ha generado un debate intenso en el Senado de la República, con críticas de la oposición y discrepancias internas en la bancada de Morena
El proyecto, presentado tras la votación del caso Cuauhtémoc Blanco, busca modificar las garantías legales que protegen a los legisladores de procesos judiciales durante su mandato.
Ricardo Anaya, líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), calificó la propuesta como una "hipocresía" y una "cortina de humo". Criticó que Morena impulsara esta iniciativa después de votar a favor de mantener el fuero del exgobernador de Morelos, acusado de violencia familiar.
Anaya señaló que la decisión debería haberse tomado antes de ese caso, calificando la postura de los legisladores morenistas como "farsante" y "gravísima", ya que priorizaron la defensa de un político sobre las víctimas
Ignacio Mier, vicecoordinador de la bancada morenista, solicitó tiempo para analizar la propuesta al interior de su partido. Aunque mostró simpatía con la idea, advirtió que eliminar el fuero podría generar desproporciones, ya que los legisladores deben mantener su inviolabilidad para ejercer libremente sus funciones políticas. Mier destacó que la discusión debe realizarse con cautela, evitando que se utilice como herramienta para silenciar posturas críticas.
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, se opuso rotundamente a la eliminación del fuero. Argumentó que esta protección evita la fabricación de delitos para neutralizar a legisladores durante procesos políticos clave, como votaciones de reformas constitucionales. Noroña propuso rediseñar la inmunidad parlamentaria, aclarando que en México no existe un "fuero" en el sentido estricto, sino una protección contra acusaciones infundadas.
Noroña sugirió que la inmunidad debería limitarse a garantizar la libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones, sin extenderse a delitos comunes
La iniciativa de Ramírez Cuellar ha resucitado el debate sobre los límites de la inmunidad parlamentaria. Mientras algunos sectores ven en ella una oportunidad para transparentar el poder legislativo, otros advierten riesgos como la judicialización de la política o la vulneración de derechos fundamentales.
El proyecto aún no ha sido sometido a votación, pero su presentación ha polarizado al Congreso. La oposición exige coherencia en la aplicación de los principios de justicia, mientras que Morena busca equilibrar su discurso anticorrupción con las realidades institucionales.