Dependencias de Veracruz rechazan recomendaciones por violaciones a Derechos Humanos
El rechazo a las recomendaciones de derechos humanos se ha convertido en una práctica común en Veracruz entre las dependencias que destacan por no aceptarlas se encuentran áreas del Gobierno Estatal, Fiscalía General y ayuntamientos.
Entre 2018 y 2024, se registraron más de 153 recomendaciones no aceptadas
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) encabezan la lista con 86 recomendaciones rechazadas, seguidas por diversos ayuntamientos del estado con 35 y el Poder Judicial con tres.
Entre 2018 y 2024, 153 recomendaciones fueron rechazadas, mismas que están relacionadas con casos de detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, desaparición de personas y falta de acceso a derechos básicos como salud y educación.
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz, Namiko Matzumoto, reconoció que las recomendaciones rechazadas han ido incrementando año con año.
"La Fiscalía es uno de los entes que ha rechazadas más recomendaciones, ellos argumentan una discrepancia de criterio. Sin embargo, cada una de las recomendaciones que emite la CEDH lo hace después de haber acreditado debidamente que hubo una vulneración de derechos humanos"
Una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un pronunciamiento formal dirigido a una autoridad o dependencia, derivado de la investigación de una queja por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Con ello se busca reparar el daño a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos. Su aceptación y cumplimiento reflejan el compromiso de las autoridades con la protección de los derechos de las personas.
"el tema no impacta directamente a la Comisión Estatal, sino a las víctimas y eso es lo realmente preocupante"
En 2023, el 53 por ciento de las instituciones rechazaron las recomendaciones, en 2024 fue de 47 por ciento, estas cifras reflejan el desinterés de las dependencias.
El rechazo de las recomendaciones no solo perpetúa la situación de las personas afectadas, sino que también afecta negativamente a la sociedad al normalizar la violación de derechos humanos.
