Las organizaciones civiles y las víctimas han manifestado su preocupación por las irregularidades sistemáticas en la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). Recientemente, el caso de un excolaborador de la dependencia, inicialmente investigado por adopción ilegal y finalmente sentenciado por abuso de la función pública, ha encendido las alarmas. Este caso es considerado como una muestra de que los problemas dentro de la institución son persistentes y requieren una investigación a fondo.
Irregularidades no sólo en adopciones
Elizabeth, madre de una víctima de violación, manifestó su indignación y exigió que se investigue a fondo a todo el personal. "Que investigue a cada y uno de ellos porque tal cual como es este funcionario hay más y no confío en ninguno de ellos."
La mujer compartió además su experiencia personal, revelando que denunció ante la institución las violaciones sexuales sufridas por su hija, a manos de su padrastro, ocurridas desde los 6 hasta los 12 años. Sin embargo, la Pronnif consignó el caso simplemente como abuso sexual, lo que derivó en una sentencia considerablemente reducida. En la primera audiencia, según relata Elizabeth, no estuvo presente debido a que no se lo informaron.
"En la primera audiencia la licenciada Monserrat, de Pronnif, nunca me avisó y dijo que ya todo estaba y que no había necesidad de que yo fuera, que ella había declarado ahí todo lo que sabía y que ya se había quedado registrado, sin importar lo que él hiciera, él no podía salir", dijo.
La madre denunció además una serie de irregularidades que afectan no solo la atención a las víctimas, sino el funcionamiento general de la institución, siendo estas:
Falta de información y orientación jurídica para las víctimas y sus familias.
Uso de juicios abreviados que reducen significativamente las penas para los agresores.
Expedientes manejados por múltiples funcionarios sin supervisión centralizada.
Falta de sensibilidad en el manejo de casos delicados.
El caso culminó en una sentencia contra Eduardo "N", quien fue condenado a 4 años y medio de prisión y obligado a pagar 35 mil pesos como reparación del daño por el delito de abuso sexual, además de recibir el beneficio de libertad condicional por 2 años y medio.
Llamado a la acción
La madre de la víctima sospecha que existen acuerdos entre algunos funcionarios de la Pronnif y los agresores, lo que ha llevado a hacer un llamado urgente a las autoridades para que se lleve a cabo una depuración interna. Su exigencia es clara: garantizar el acceso a la justicia para las niñas y niños afectados y asegurar que el interés superior de los menores sea siempre la prioridad en todas las decisiones institucionales.
Ante estas denuncias, diversas organizaciones y colectivos sociales se suman al reclamo por una investigación integral en la Pronnif que permita proteger de manera efectiva a la infancia y garantizar que ningún caso de abuso o negligencia vuelva a quedar impune.