En México, las familias de víctimas de delitos de lesa humanidad, como la tortura y la desaparición forzada, continúan expuestas a agresiones sin que el Estado garantice su seguridad. En algunos casos, la violencia proviene de las mismas autoridades, mientras que en otros es ejercida por la sociedad.
Desde 2011 hasta febrero de 2025, han sido asesinadas 23 personas dedicadas a la búsqueda de sus familiares desaparecidos, y otras cuatro han sido reportadas como desaparecidas.
Violencia y falta de respuesta
María del Refugio Montoya, madre de Elda Adriana Valdés Montoya, desaparecida el 10 de agosto de 2020., ha sido víctima de violencia por parte de sus vecinos desde que desapareció su hija, sin que las autoridades intervengan.
"Todo el mundo se ha ensañado, todo el mundo nos trata muy feo y se burlan de que no encuentro a mi niña. Se burlan mucho, creen que nunca van a estar en mis zapatos", dijo María del Refugio Montoya, madre de Elda Adriana.
Montoya y su nieta han sido amenazadas, su hogar ha sido invadido y dañado, y frecuentemente les recuerdan la desaparición de Elda Adriana a manera de burla. Pese a haber denunciado estos hechos, la respuesta de las autoridades ha sido nula.
Otro caso emblemático es el de Mónica Esparza, víctima de retención ilegal, tortura y violencia sexual por parte de la Policía Municipal de Torreón en 2013. En 2024, denunció hostigamiento por parte de diversas corporaciones policiacas.
"Llevo 10 carpetas de investigación abiertas en contra de diferentes corporaciones: Policía Municipal de Torreón, GRL, que es parte de la municipal, la PEC, también municipal, y los ministeriales", contó Mónica Esparza.
Silvia Ortiz, fundadora de Grupo Vida y madre de Silvia Stephanie Sánchez Viesca, desaparecida en 2004, también ha sido víctima de agresiones. En 2023, ella y su hijo fueron violentados por elementos de la Policía Especializada de Coahuila y la Policía Municipal.
Impunidad y revictimización
Estos casos reflejan una preocupante realidad: la revictimización de quienes buscan justicia y la impunidad que protege a los agresores. Mientras el Estado no garantice una protección efectiva, las familias seguirán en riesgo de sufrir nuevas agresiones y la violencia continuará cobrando más vidas.