El debate sobre la desaparición de los siete órganos autónomos en México ha generado fuertes controversias en el ámbito político y social. La iniciativa, que se presenta como parte de un esfuerzo por reducir costos y centralizar la administración pública, podría tener consecuencias significativas en la transparencia, la protección de derechos humanos, y la competencia económica en el país, señalan especialistas.
La desaparición de estos órganos autónomos podría representar un golpe significativo a la democracia, la transparencia y la protección de los derechos humanos en el país.
No obstante, el argumento del gobierno federal es el ahorro económico y la eliminación de la duplicidad de acciones y obligaciones que conllevan a un cargo monetario innecesario.
El dictamen avalado en lo general por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados propone:
Que las actividades del Mejoredu sean atendidas por la Secretaría de Educación Pública.
En cuanto al INAI, sus funciones se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública.
El Coneval desaparece para concentrar la información en el INEGI.
Mientras que actividades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pasarán a ser parte de la Secretaría de Energía
La Cofece será parte de la Secretaría de Economía
Se contempla también la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que, en su lugar, la Secretaria de Infraestructura, Comunicación y Transportes garantice el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.
El dictamen establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento.