La procuración de justicia en México enfrenta una de las peores crisis de su historia, con altos índices de impunidad, corrupción y la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la ley.
De acuerdo al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) reportó que en México hay 90 mil personas presas que se encuentran sin sentencia, de las cuales alrededor del 50% están sujetas a detención preventiva oficiosa.
La corrupción, la falta de recursos, de personal capacitado y de jueces ha generado en el país un rezago importante en materia de procuración de Justicia.
Especialistas señalan que aunque ha habido intentos de mejorar el acceso a la justicia, los resultados siguen siendo insuficientes.
Según el Índice Global de Impunidad (IGI), cerca del 95% de los delitos que se cometen en el país quedan sin castigo. Esta cifra es considerada alarmante, la cual refleja la debilidad estructural del sistema judicial, incapaz de investigar, procesar y sentenciar a los responsables de los crímenes.
Otro factor es el de las organizaciones criminales, que en muchos casos se logran infiltrar en las instituciones encargadas de perseguirlas, debilitando la capacidad del Estado para enfrentarlas.
Cada año, miles de familias mexicanas buscan justicia por la desaparición, asesinato o violencia cometidos contra sus seres queridos. Sin embargo, la mayoría de estos casos son archivados o ignorados.
Abogados indican que las personas que no tienen acceso a un abogado son quienes permanecen en prisión, y muchos de los casos son delitos menores.