El periodo electoral desató una serie de condiciones mediante las que se manipula a diversos sectores públicos y privados.
Las administraciones estatales, municipales y hasta las instituciones autónomas no son la excepción.
La Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, la Procuraduría de Medio Ambiente, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca son solo algunas de las dependencias señaladas por obligar a sus empleados a operar en la campaña de la candidata de Morena, Rocío Nahle.
Dependencias en las que presionan al personal de base y de confianza
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Social
Procuraduría de Medio Ambiente
Secretaría del Trabajo
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Espacios Educativos
Las encomiendas van desde acudir a eventos y mítines políticos hasta utilizar sus cuentas personales de redes sociales para atacar a los candidatos de oposición.
El personal debe acudir con sus propios recursos y es presionado para realizar las funciones que se le asignan, una vieja práctica que retornó con una administración que prometió no incurrir en actos de corrupción.
Recientemente, y sabedoras de las implicaciones, 10 trabajadoras de distintas áreas del gobierno estatal requirieron asistencia tras ser despedidas injustificadamente por la misma razón: negarse a operar a favor de la candidata del partido en el poder.
Las indemnizaciones que el gobierno estatal debe pagar tras despedir a sus trabajadores se han convertido en uno de los principales lastres de las administraciones.
Hasta diciembre de 2023, el estado mantenía un adeudo superior a los 67 mil 400 millones de pesos, de los cuales más de mil 600 corresponden a laudos.
Mientras que al menos 174 municipios se enfrentan a esta misma situación, lo que los ha dejado sin la capacidad financiera para liquidar los adeudos.