Este martes entró en vigor el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia en el país, con el cual se busca homologar las estrategias de intervención de las autoridades cuando se reporta un caso de dicha naturaleza.
Dicho protocolo detalla los procedimientos que debe de realizar cada uno de los tres órdenes de gobierno, iniciando por el municipal, el cual se encargará de cumplir las funciones de un primer respondiente, al ser quienes reciban las denuncias y quejas en caso de que se presente una violación a los derechos de este sector poblacional.
Como segundo paso se encuentran los gobiernos estatales, a través de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, las cuales se encargarán de la atención a los menores afectados, por medio de un diagnóstico, además de la incorporación de estos mecanismos de coordinación al número de emergencias 911.
Por su parte la autoridad federal, al igual que las entidades federativas, deberán brindar atención inmediata en coordinación con Guardia Nacional, policías estatales y municipales, así como los servicios de emergencia médica.