La Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Comisión Estatal de Búsqueda han sido nombradas incalculables veces por los colectivos de búsqueda que mantienen tomado el centro de Xalapa desde el lunes 6 de noviembre.
Ambas instancias son cuestionadas por la falta de resultados y personal capacitado para atender las diligencias que se deben emprender ante la desaparición de personas y el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas.
Por ello es que entre las peticiones de los familiares de personas desaparecidas en Veracruz está dotar de más recursos a las instituciones, a fin de garantizar la oportuna identificación de víctimas, ya sea muertas o en vida.
Sin embargo, en el caso de la Comisión Estatal de Búsqueda, el gobierno estatal solicitó a la federación 24 millones 340 mil pesos para su infraestructura y fortalecimiento de capacidades empleadas en la búsqueda e identificación forense.
Lo indignante para los colectivos es que de 2019 a 2022, la Comisión recibió 85 millones 808 mil 262 pesos para buscar a personas desaparecidas, de los cuales reintegró a la federación más de 13 millones 625 mil pesos.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado recibió un presupuesto de mil 612 millones 239 mil 421 pesos para el ejercicio 2023. La instancia a cargo de Verónica Hernández Giadáns recibió un incremento de 141 millones de pesos comparado con el presupuesto que ejerció en 2022.
A pesar de ello, la dependencia es duramente criticada y es una de las razones por las que los colectivos de búsqueda amagan con colapsar la capital del estado, a fin de que el gobierno garantice que todas las instancias involucradas agilicen la búsqueda de sus familiares desaparecidos.