Diferentes sectores han manifestado su preocupación ante la desaparición de personas en Veracruz.
El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda no es la excepción, pues sus integrantes consideran que, a la fecha, autoridades estatales y de la Fiscalía General no cuentan con protocolos para actuar de manera inmediata ante los casos registrados a un año de iniciada la administración estatal.
Actualmente, casos como el de los siete comerciantes desaparecidos en Ixtaczoquitlán, el de la familia Ortiz Octavo en el municipio de Papantla, o el más reciente del Sociólogo Salvador Ponce, evidencian la impunidad con la que grupos delincuenciales y hasta policías municipales cometen delitos libremente y pese a la estrategia gubernamental.
Las averiguaciones son inciertas, y la cifra exacta sobre el verdadero número de desaparecidos en Veracruz es inexacta, tal y como sucedió en las anteriores administraciones estatales.
Para los representantes del Consejo Ciudadano, los cambios al interior de la Fiscalía General del Estado, ahora a cargo de Verónica Hernández Giadáns, son insuficientes, pues consideran que, además de la voluntad, se requiere de personas aptas y de una estructura que permita brindar mejores resultados.