La coordinadora del Colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra advirtió que la mayoría de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual sufren condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
"Las familias a las que hemos dado acompañamiento, las familias que tienen niñas con un embarazo producto de la violencia sexual son familias que viven en condiciones de pobreza, muchas de ellas en pobreza extrema".
Indicó que estas menores tampoco cuentan con acceso a la seguridad social y por lo tanto, dependen de los Servicios de Salud de Veracruz para acceder a una interrupción de embarazo sino los cuidados inmediato de una víctima de violencia sexual.
Igual no cuentan con la solvencia suficiente para pagar los traslados y los viajes de su hogar a la Fiscalía para acudir a denunciar los delitos.
"Qué ocurre también, que las familias cuando acuden a hacer la denuncia a la fiscalía, esto requiere una serie de trámites que les implica no solo un tiempo, sino algo que nos parece muy cotidiano como el traslado, para las familias es disponer de un recurso que va a afectar seriamente su economía".