Modifican reglamento municipal para prohibir peleas de gallos en Xalapa
Entraron en vigor las reformas al Reglamento Municipal de Xalapa que prohíben principalmente la realización de peleas de gallos y las mutilaciones de animales sin fines médicos, las cuales fueron publicadas en la Gaceta Municipal con fecha del 18 de julio del año en curso.
Dichas modificaciones a la ley municipal fueron aprobadas por el Cabildo, y las mismas también contemplan que, para la cría y venta de cualquier animal en el municipio, será requerida la autorización del Departamento de Salud Animal o la Dirección de Salud Municipal.
Los cambios aplicados al ordenamiento local establecen que los establecimientos dedicados a la comercialización de los animales y servicios dedicados a estos deberán contar con un médico veterinario zootecnistas con cédula profesional, mismo que tendrá que fungir como responsable técnico.
En caso de no cumplir con ello, los negocios podrían hacerse acreedores de multas que irán de las 50 a las 500 UMAs diarias (hasta 48 mil 110 pesos). También se impondrán sanciones de 50 a 100 UMAs (hasta 9 mil 622 pesos) a quienes apliquen biológicos de uso veterinario sin la responsiva de un veterinario acreditado.
Con ello se impide que cualquier persona, ya sean empleados, pasantes o especialistas en otras áreas, puedan ejercer la medicina veterinaria y zootecnia sin el consentimiento de las autoridades sanitarias.
A su vez, se exige que los propietarios de cualquier animal coloquen una placa o cualquier otro medio de identificación para la mascota. Los mismos deberán ser responsables de recoger las haces producidas por los animales para evitar daños y perjuicios en la vía pública.
Las reformas al Reglamento Municipal de Xalapa también instruyen a la brigada de vigilancia animal a mantenerse en coordinación con instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Así como con dependencias estatales como la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA), perteneciente a la Fiscalía General del Estado, y la Procuraduría Estatal Protección al Ambiente.
