Desde el pasado 11 de noviembre el Congreso del Estado intervino la tesorería del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, esto debido a que presuntamente existirían malos manejos de los recursos públicos, además de incumplir con obligaciones de ley.
La administración encabezada por María Elena Solana Calzada recibió al interventor de la Secretaría de Fiscalización del legislativo, el cual está autorizado para realizar las revisiones pertinentes hasta por dos años.
Todo ello con la finalidad de evitar que los supuestos problemas de malversación de recursos pudieran agravarse, generando así un posible daño patrimonial el cual se consideraría de difícil reparación, además de provocar afectaciones al presupuesto municipal para los años siguientes.
Del mismo modo se dio a conocer que en el caso del titular de la Dirección de Obras Públicas no cuentan siquiera con los requisitos de ley para ocupar el cargo, lo que implicaría que el Órgano Interno de Control no realizó una correcta verificación de la correcta aplicación de normas, políticas y lineamientos.