En tiempo y forma avanza la aplicación de los Programas de Desarrollo impulsados por el Gobierno de México, en Veracruz el número de beneficiarios se multiplicó y se implementaron nuevas estrategias de combate a la corrupción, verificando los padrones y acabando con viejas prácticas, expone Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Delegado de los Programas de Desarrollo en la entidad.
Un claro ejemplo de ello es el Programa "La Escuela es Nuestra", creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en apoyo a la educación y a la economía "este se creó para que se otorgue una transferencia directa a los Comités Escolares de Administración Participativa y cuya divisa está inspirada en esta idea de que el pueblo es capaz de ser gobierno y de administrar recursos".
Hoy los comités que administran en cada plantel escolar estos recursos al recibir de manera directa el apoyo económico, sin intermediarios, hacen más con menos porque se aplica realmente en las necesidades de cada escuela, dichos montos se aplican en función del número de estudiantes, es decir de 1 a 50 estudiantes reciben 150 mil pesos del programa; de 51 a 150 se otorgan 200 mil pesos y para los planteles de más de 150 estudiantes el programa beneficia a la escuela con 500 mil pesos, detalló Huerta Ladrón de Guevara.
El Delegado de los Programas de Desarrollo en Veracruz destacó que en la entidad se tiene el registro oficial de un millón 800 mil beneficiarios, sin embargo, esta cifra sigue en aumento y para lo cual se tiene una ejecución de gasto de 37 mil millones de pesos, "pero se calcula que al cierre del año se llegue a los 2 millones de beneficiarios y se apliquen arriba de los 45 mil millones de pesos o probablemente se supere los 50 mil millones", apuntó.
Y es que subraya que son de origen 25 Programas Integrales, la mayoría de ellos con un gran arraigo entre la población como el dedicado a los adultos mayores, denominado "Pensión Universal" que logró el objetivo no sólo de duplicarse, sino de actualizar su valor conforme a la carestía cada año "y que además se consolida al ser decretado derecho constitucional, mismo caso ocurre con las becas a los menores de 18 años y el programa de la pensión a personas con discapacidad el cual se amplió hasta quienes tienen 29 años en zonas de población indígena, es una estrategia de apoyos directos a la población vulnerable o que vivió en marginación de los programas sociales de gobiernos anteriores", finalizó.