ZACATECAS,ZAC.- La mejor estrategia contra las drogas no tiene que ver con políticas de seguridad pública sino de salud, así se expuso en la máxima tribuna una iniciativa para agregar un segundo párrafo al artículo 95 de la Ley de Salud del estado por parte de la diputada Ma. Navidad Rayas Ochoa.
El objetivo de la modificación es dejar asentada la obligación de las autoridades de implementar programas y acciones para prevenir y erradicar el tabaquismo, el alcoholismo y la farmacodependencia partiendo de tres ejes fundamentales: el impulso de campañas permanentes de información y orientación, la atención médica y el tratamiento que se requiera en los casos de acciones y la cobertura universal de tratamiento y desintoxicación voluntaria al interior de los centros penitenciarios.
Además, también se plantea la necesidad de elaborar un registro de la población farmacodependiente o con problemas de adicción al tabaco o alcoholismo, en el que se incluyan también sus necesidades de tratamiento y desintoxicación.
Se debe incorporar en el marco jurídico en materia de prevención contra las drogas el enfoque de salud pública dirigido a la prevención y reducción del daño asociado al consumo de drogas mediante el tratamiento científico de las adicciones, por ello, se busca fortalecer la responsabilidad del estado en el tratamiento de las adicciones, así como incrementar su capacidad de supervisión, regulación y coordinación con respecto de los actores privados y sociales que participan en esta área de la salud.
También se deberá garantizar universal en el interior de los centros penitenciarios del Estado, en el tratamiento de las adicciones y desintoxicación voluntaria. Asimismo, crear un registro de la población farmacodependiente o con problemas de adicción al tabaco o alcoholismo, de sus necesidades de tratamiento y desintoxicación.
"De igual manera se debe incorporar un enfoque de Derechos Humanos para evitar los procedimientos que atentan contra la integridad física y mental de los consumidores de drogas, específicamente en el caso de los que han recurrido a un tratamiento ambulatorio o residencial, se debe apostar por un tratamiento profesional y digno a instalaciones y procedimientos adecuados y a mantenerse informado acerca de su tratamiento, a fin de reducir la criminalización de los consumidores de drogas y de quienes manifiestan dependencia hacia alguna sustancia".