Por: Luis González
El pasado 31 de mayo venció el plazo para que los servidores públicos hicieran su declaración patrimonial, una obligación que cualquier entidad de carácter público tiene mandatada en materia de rendición de cuentas.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del 2023 refiere que el 45 por ciento de la población en Zacatecas considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes de la entidad y la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 8 mil por cada 100 mil habitantes.
Fabiola Torres, presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) menciona: "Desde el momento que asumes un cargo como servidor público, estás obligado a rendir cuentas de lo que haces, de lo que ejerces, de tus funciones, de la productividad, de los resultados que das y también de tu patrimonio."
A pesar de realizar la solicitud de información en la Secretaría de la Función Pública (SFP) para conocer la cantidad de servidores que presentaron su declaración este 2024, no se obtuvo respuesta, sin embargo, para octubre del 2023 esta dependencia estatal realizó un total de 115 auditorías y evaluaciones financieras y además se emitieron 72 sentencias, 48 inhabilitaciones de servidores públicos y 23 suspensiones y 18 multas económicas a proveedores.
Jorge Rada, Abogado especialista en declaración patrimonial refiere: "En caso de que no se haga en los términos y condiciones que establece la ley general de responsabilidades de servidores públicos son sujetos a sanciones que van desde una amonestación por escrito, una amonestación en privado, una suspensión temporal del empleo o en su caso a sanciones económicas."
Según el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) para la información financiera del 2023 el índice global de cumplimiento en los portales de transparencia del estado fue de 92 por ciento y entre los sujetos obligados que incumplieron se encontraron 28 ayuntamientos, seis sindicatos, un organismo público desconcentrado, tres partidos políticos, un organismo autónomo y seis dependencias descentralizadas del Poder Ejecutivo.
Rada Luevano puntualizó que: "Ese porcentaje se refiere regularmente a actividades que sí están ocultando los servidores públicos en la evolución patrimonial, en los conflictos de interés y eso en verdad perjudica la administración pública o en su caso la impartición de justicia."
En este sentido, la rendición de cuentas y la transparencia se vuelven fundamentales para evitar situaciones de corrupción, ya que, aunque cada entidad pública tiene su órgano interno de control, se debe realizar un análisis y revisión de los bienes, ya que aún falta cultura de transparencia en los funcionarios públicos.