Por: Luis González
El Parque Arroyo de la Plata, un espacio clave para los zacatecanos, que se encuentra invadido por locatarios y terrenos particulares, algo que lleva años queriendo regularse ya que cada vez se puede notar más el deterioro de este espacio verde que diariamente usan los citadinos.
Tan sólo el parque "Ramón López Velarde" tiene una extensión de 5 mil 260 metros, una superficie de aproximadamente 27 hectáreas y se estima que 362 mil habitantes son usuarios del mismo.
Donado por la federación al gobierno estatal con fines específicos, este patrimonio ha sido ocupado ilegalmente durante décadas, dejando en evidencia la falta de vigilancia de administraciones pasadas.
En noviembre del 2022 el gobernador del estado, David Monreal Ávila denunció las condiciones en las que se encontraba dicho parque: "Es increíble como se metieron incluyendo la invasión de árboles, de naturaleza, árboles que seguramente eran legendarios de 100 o más años."
De acuerdo a la Coordinación General Jurídica del gobierno del estado, son hasta 252 mil 974 metros cuadrados invadidos de la zona federal, lo cual en tamaño, equivaldría a 35 estadios como el Carlos Vega Villalba.
"El tema de la invasión es una responsabilidad conjunta entre gobierno federal y gobierno estatal de las anteriores administraciones, hubo una serie de permisiones de construcciones de obra, de omisiones en la verificación de la protección del patrimonio de nuestro estado", dijo el coordinador jurídico Ángel Muñoz Muro.
En este sentido, el coordinador jurídico refirió que el tema ya está frenado, ya que el municipio de Guadalupe es quién más les ha apoyado con la verificación de otorgamiento de obras de construcción que tengan que ver con arroyo de la plata.
Guillermo Gerardo Dueñas González, secretario de desarrollo urbano, ecología y medio ambiente del municipio de Guadalupe puntualizó: "Cualquier cosa que tenga que ver con licencias de construcción cualquier aprovechamiento sobre esa superficie tendrá que venir avalado por alguna autorización de gobierno del estado, entre otras cosas que se necesitaran según el caso de la licencia."
El INEGI arroja que hay hasta 248 unidades económicas en el área del parque, aunque no todas han invadido terrenos federales, se tiene conocimiento que hasta 32 empresas pueden estar involucradas en estas demandas, entre las cuales figuran principalmente hospitales, gasolineras, giros comerciales y desarrollos habitacionales.
"Pero es cierto que muchos de esos predios que tienen escritura tienen esas afectaciones en sus frentes, te digo son decenas, no es uno ni dos, y hay gente que quiere hacerlos aprovechamientos o quiere de alguna manera adjudicarse la propiedad de dichos predios o que ya tiene escrituras", apuntó Guillermo Dueñas.
Para atender el problema, el coordinador jurídico indicó que en los últimos meses han sostenido reuniones con el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN), buscando una solución antes de proceder con acciones judiciales.
Finalmente, el coordinador jurídico del estado, Ángel Muñoz Muro mencionó: "Estamos en la puerta de la presentación de una multiplicidad de demandas reivindicatorias, pero no sin antes tratar de socializar el tema al respecto (...) hemos estado platicando con el INDAABIN con la intención de llegar a un puerto distinto a las reivindicaciones forzosas."
A pesar de que se han iniciado acciones legales, el rescate del parque podría tomar varios años. Mientras tanto, los intereses privados siguen avanzando sobre este espacio que debió ser protegido desde hace décadas.