Movimiento Feminista de Zacatecas emite postura sobre agresiones en escuelas

Zacatecas, Zac. El Movimiento Feminista de Zacatecas emitió un su posicionamiento sobre las recientes agresiones sexuales a menores presentadas tanto en la primaria de la comunidad de Sauceda de la Borda, como en el Jardín de niños María R. Murillo.

En el texto se narra "La Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), como máxima rectora de este ámbito en la entidad, debe garantizar que la enseñanza esté basada en el respeto irrestricto de la dignidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; de igual manera, está obligada a señalar y denunciar cualquier delito sexual al interior de sus espacios, tal cual lo marca la NOM 045, en lugar de solapar a los responsables o ignorar las acusaciones, como ya ha ocurrido."

Señalaron que los hechos ya mencionados "son muestra de omisión, abandono e indolencia por parte de las autoridades, de inoperancia y falta de seguimiento de los protocolos establecidos desde hace muchos años, a los cuales deben ceñirse todas las instancias de gobierno, entre ellas la Seduzac, para proteger y garantizar los derechos de las infancias y juventudes del estado".

Repudiaron estos atroces delitos que laceran la vida, que truncan el sano desarrollo psicosexual de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, exigiendo el esclarecimiento de todos los casos, el castigo de cada uno de los responsables, de los cómplices de abuso sexual contra menores, así como la atención psicológica especializada de las víctimas por parte de los sistemas estatal y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) como parte del seguimiento de la reparación integral de daños, incluyendo los procesos de rehabilitación psicológica especializada (personal, familiar y comunitaria), además de las medidas pertinentes de no repetición para garantizar, desde la Seduzac, que toda persona en contacto con las y los estudiantes sea capacitada en protocolos de prevención y atención de abuso sexual infantil.

Así mismo, señalaron que es urgente la modificación de los reglamentos para estipular que a quien tenga denuncia por delitos sexuales en cualquiera de sus modalidades no se le permita trabajar en ninguna instancia de gobierno, y menos en aquellas que se tenga contacto directo con menores de edad, como en las educativas.