Zacatecas, Zac.- Un grupo de ejidatarios de Morelos denunció una serie de irregularidades en la actuación de agentes del Ministerio Público y de jueces en un caso de presunta administración fraudulenta cometido por dos empresas que trabajan para la minera Peñoles.
A raíz de la llegada de la minera Francisco I. Madero de Peñoles a Morelos, en 2001 el ejido firmó un convenio con la Federación, el Estado y el Municipio para poder constituir empresas para el transporte de los trabajadores y acarreo del material extraído.
Así se crearon Transportes Unidos del Ejido de Morelos (Tuemsa) y Transportes Ejidales de Morelos, en las cuales participaron todos los ejidatarios, designaron los consejos de administración, que en ambos casos quedaron constituidos por las mismas personas, con Mario Acuña Acuña a la cabeza.
Tuemsa solicitó los créditos a las concesionarias para que los ejidatarios pudieran adquirir camiones; sin embargo, cuando ellos solicitan cuentas claras sobre la actividad empresarial, el Consejo de Administración responde presentando denuncias de robo de sus vehículos.
Aunque el Consejo es quien utiliza los camiones, los ejidatarios siguen con la deuda derivada de la compra y no reciben utilidades. En esta situación de presunto despojo se encuentran 13 de los 49 socios.
Gerardo Espinoza, abogado del caso, informó que han presentado denuncias por administración fraudulenta y asociación delictuosa, pero el Ministerio Público determinó abstenerse de la investigación.
Dicha decisión fue impugnada, pero un juez de Calera, distrito judicial al que pertenece Morelos, determinó que era legal la acción del Ministerio Público, pese a las evidentes violaciones a los derechos humanos, según el abogado.
"Utilizando autoridades federales, como la policía federal, como la dirección de transporte y vialidad del estado, detienen los vehículos en donde están circulando y los ponen a disposición del Ministerio Público y los que están relacionando las carpetas de investigación por supuesto robo, aseguran los trailers de los ejidatarios y se los entregan de manera ilegal al consejo de administración".