ZACATECAS, ZAC.- Colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+ en Zacatecas, exigieron que la Legislatura Local se apegue a la ley para aprobar el matrimonio igualitario como tal y que no se busque engañar dándole el nombre de sociedades de convivencia.
Este martes, horas antes de la que sería la votación para la modificación del artículo 100 del Código Familiar, el Frente Nacional por la Familia se manifestó al exterior del Congreso del Estado, en este contexto, la defensora de los derechos de la comunidad, María de la Paz Barrón, enfatizó en que se trata de una lucha por la no discriminación.
"Hoy es un día histórico porque estamos en la defensa del estado laico y los Derechos Humanos, por ello pedimos a toda la sociedad zacatecana su apoyo, su respaldo y su solidaridad, porque no solo está atentado el tema del matrimonio igualitario, el tema de la discriminación, sino un tema que tiene que ver con derechos de todas y de todos".
Luego de las declaraciones del obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega, en contra de la unión entre personas del mismo sexo, los integrantes de la comunidad le recordaron públicamente que "entre sus facultades no está el hacer política y transgredir los derechos humanos de las personas que no se ajustan a sus estrechos parámetros". A la par, hicieron una exigencia al gobernador Alejandro Tello:
"Al gobernador del estado, le exigimos mantenga sus prejuicios personales en el ámbito de su vida privada y le exigimos el respeto pleno al marco de constitucionalidad y legalidad que nos rige. Usted gobernador, usted gobierna para todas y todos, y debe mantenerse imparcial y, además, en este proceso legal, con las manos fuera de la función legislativa".
El llamado de respeto también fue hacia la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Cristina Rodríguez, para que recuerde que "no forma parte de la estructura del estado y que su papel es como esposa" del gobernador, pues aseguran que interfiere en la gobernanza.
En conferencia de prensa, también denunciaron las agresiones y amenazas, personales y políticas, que han sufrido las diputadas Perla Martínez y Mónica Borrego, impulsora de la iniciativa.
"Hay una división de poderes clara donde esta gente que estamos pidiendo que saque las manos del proceso se ha entrometido de manera exacerbada, sucia, burda, fea".