Guadalupe, Zac. Funcionarios del Ayuntamiento de Guadalupe, al parecer no se quisieron echar el paquete de señalar a presuntos involucrados en el mal uso de recursos públicos de la pasada administración, por lo que decidieron desalojar a la prensa de las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) donde previamente se les convocó. Desde primeras horas de este martes, a las 7:55 de la mañana, el titular de comunicación social del gobierno municipal, Jorge Hernández Tiscareño, informó a los representantes de los medios de comunicación acerca de la agenda del alcalde guadalupense, Julio César Chávez Padilla, donde se convocó a la entrega de resultados de la revisión de la cuenta pública 2017 a la 1 de la tarde en las instalaciones del órgano fiscalizador estatal. De tal acción la propia Auditoría Superior del Estado no estaba enterada. Minutos antes de la hora pactada arribaron, sin la presencia del presidente municipal, quien dijo ostentar el cargo de síndico municipal, acompañada de un funcionario más, quienes no dieron nombre, quienes posteriormente afirmaron que por indicaciones de la ASE, los medios no podían estar presentes en las instalaciones mientras se llevará a cabo el proceso de entrega de los resultados por lo que pidieron se retiraran cámaras y micrófonos de las inmediaciones del edificio público, sin querer dar declaración al respecto. Posteriormente, el área de comunicación social de la Auditoría desmintió que se haya exigido el desalojo de la prensa, únicamente se pidió no estar dentro del lugar donde se llevaría la entrega de los documentos dado que la información, de acuerdo a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, articulo 71, parrafo 19, señala que "la Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (...) la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición", razón por la que los funcionarios habrían desistido de hablar con los medios de comunicación sobre los documentos a entregar.