Zacatecas, Zac.- Raúl Cardona Castillo entregó varios días de su vida al trabajo en la minera Peñasquito, en en el municipio de Mazapil, perteneciente a la empresa de capital canadiense norteamericano Newmont Goldcorp, sin embargo, un día llegaron las enfermedades, su salud se agravó y sin más decidieron despedirlo sin que hasta el momento se le haya retribuido su labor. "Ya no tengo seguro, tengo que batallar, mi esposa esta mala la tengo que ir a curar, mi hermano está malo lo tengo que ir a curar. Mi oído, lo que es mi corazón y no sé de los pulmones cómo está porque no me hicieron el examen, me despidieron del seguro, no me hicieron el examen". Tras los años de espera y sin respuesta de la empresa trasnacional, el hombre y su familia sufren de la falta de recursos y la posibilidad de atender sus padecimientos, situación que lo obligó a salir desde su municipio Noria de Ángeles y llegar a la capital del estado buscando el apoyo por parte del gobierno estatal, tocó las puertas de quienes nos representan y no ha sido escuchado. "Me dijeron que me quitara y luego me dijeron que mañana a las 11 ya me iban a pagar y le dije: Bueno ¿y quién es el nombre del que va a venir de la mina?¿Cómo se llama el de la mina que va a venir a pagarme?; y dice: no, yo no lo sé. Entonces le dije: No pues me estas echando puras mentiras. Entonces yo no me quito de aquí hasta que vengan a pagarme", dijo. La desesperación motivo a Raúl a instalar un plantón e iniciar una huelga de hambre, buscando con ello poder llamar la atención de la empresa minera y del propio gobierno; agregado a ello, este miércoles diversos activistas sociales decidieron respaldar la lucha del ex trabajador minero tomando el acceso principal a la Secretaría General de Gobierno exigiendo se atienda la problemática. "Porque así como son buenos para ir a intervenir en los conflictos mineros grandes, cuando hay intereses económicos muy fuertes con el gobierno, pues ellos van y quieren resolver la situación. Aquí es un solo trabajador y pedimos que se le dé la atención correspondiente a efecto pues de que le llame a la mina y arreglen y se liquide al trabajador a efecto pues de que él siga con una secuela jurídica en el que él va a interponer las denuncias correspondientes porque hay una, pues se podría decir hay un retroceso en su salud", señaló Alejandro Rivera Nieto activista social. De acuerdo a la defensa legal del manifestante, entre dos años de salarios caídos que equivale a 240 pesos por día, prestaciones de indemnización constitucional, o sea, 90 días más y la prima de antigüedad, se le tendría que otorgar un monto cercano a los 200 mil pesos.