Zacatecas, Zac. Luego de que los policías antimotines agredieron, arrastraron sobre el piso, reprimieron y amenazaron a varias mujeres participantes este pasado viernes en la marcha 8M; Día Internacional de la Mujer, el Movimiento Feminista Zacatecas exigió categóricamente la renuncia del secretario General de Gobierno, y disculpa pública del Gobernador David Monreal Ávila, por la violencia acontecida durante la manifestación.
El colectivo feminista responsabilizó al Gobierno del Estado del daño que se haya causado en las vías respiratorias, piel y ojos, por el uso de gas lacrimógeno y sustancias toxicas de extintores utilizados para atacar a las manifestantes, a fin de que se responsabilice de los gastos psicológicos, médicos y medicamentos que constituyan la reparación del daño contra niñas, una adulta diabética, personas de la tercera edad, mujeres periodistas, entre otras.
En nombre del movimiento feminista, Emilia Pesci exigió la inmediata renuncia e inhabilitación de cargos públicos también del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral y el director de la Policía de Seguridad Vial, Francisco Osvaldo Caldera Murillo, así como las sanciones correspondientes de los policías que violaron los derechos humanos de las manifestantes. Aunado a esto, que se realice una investigación profunda de los actos represores previo y al final de la marcha.
Asimismo reclamó la creación de una comisión especial, acompañada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, con el objetivo de atender caso por caso para que haya reparación integral del daño. De igual forma, se hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas (FGEZ), para que las investigaciones sean conducidas con perspectiva de género.
Pesci pidió al Poder Judicial para que en su momento se lleven a cabo los procesos legales con apego a la ley y con perspectiva de género, para que se logren sentencias firmes. Además se denunció la intimidación a trabajadoras de la administración estatal, a quienes se les instruyó que no asistieran a la marcha 8M.