Para el Ayuntamiento de Torreón, la privatización del servicio de alumbrado público representó una solución a una de las principales demandas de la ciudadanía: iluminar una ciudad que, durante años, padeció la inseguridad entre calles en penumbras.
Hasta principios del año pasado, la Concesionaria de Alumbrado Público de Torreón (CAPT) tenía a su cargo 58,609 luminarias. Sin embargo, el ayuntamiento modernizó 10,000 luminarias adicionales, con una inversión de 80 millones de pesos, y las cedió a la concesionaria para su mantenimiento.
"Nosotros quitamos 10 mil luminarias viejas y ponemos 10 mil luminarias nuevas, estas luminarias gastan 3 veces menos energía (...) en la multiplicación cuánto es al mes, sale un millón de pesos de ahorro", dijo Fernando Villarreal, director de Servicios Públicos de Torreón.
El funcionario señaló que aún faltan 10,000 luminarias más por modernizar. Según la Concesionaria de Alumbrado Público de Torreón, durante los 15 años de vigencia del contrato, que tuvo un costo de 2 mil 220 millones 200 mil pesos, se prevé un ahorro de 1,527 millones de pesos para el municipio. Además, se comprometieron a ofrecer un servicio eficiente y de calidad.
"Es una obligación de la administración el estar supervisando que se esté cumpliendo vuelvo a insistir en todos sus términos con el contrato no únicamente en materia del ahorro de energía eléctrica en los recibos, etcétera etcétera, sino también en la eficiencia del mismo", dijo Sergio Lara Galván, regidor panista.
Lara Galván comentó que, según lo establecido en el contrato, el cambio de luminarias debe realizarse 10 años después de su instalación. Por lo tanto, se llevará a cabo una revisión para asegurar el cumplimiento de esta disposición, así como el análisis del ahorro y el costo-beneficio para la ciudadanía. Esto debido que al final de la presente administración, la entrante deberá evaluar el contrato y decidir si continúa con él o no.
El Gobierno de México informó que la próxima semana se dará a conocer toda la información sobre el presunto campo de exterminio encontrado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
La Fiscalía General de la República (FGR) está a cargo de la investigación y se espera que, en los próximos días, se ofrezcan detalles sobre los hallazgos y el deslinde de responsabilidades en el caso.
Este descubrimiento ocurrió el pasado fin de semana, cuando los miembros del colectivo encontraron una gran cantidad de ropa, principalmente femenina, y alrededor de 400 pares de zapatos, además de otros objetos en el lugar.
Los ciudadanos informaron que la Guardia Nacional había identificado anteriormente un centro de entrenamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el mismo rancho. Este grupo criminal ha sido señalado por Estados Unidos como una organización terrorista.
La FGR ya está trabajando en el caso, pero el Gobierno de México pidió paciencia a la ciudadanía para evitar especulaciones antes de conocer los detalles completos de la investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la FGR está colaborando con las autoridades locales para esclarecer los hechos ocurridos en la zona desde el operativo realizado en septiembre de 2024, cuando fueron detenidas personas en el área.
En su conferencia matutina, el Gobierno de México señaló que, a pesar de las circunstancias, se dará apoyo a los familiares de las víctimas y se continuará con las investigaciones para reducir la violencia y la desaparición forzada en el país. Además, se reiteró el compromiso de respaldar a los colectivos de desaparecidos y facilitar los recursos necesarios para la búsqueda de las personas no localizadas.
La situación en Jalisco refleja la crisis de desapariciones forzadas que vive el país, con más de 120,000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Este caso específico ha reavivado el debate sobre la eficiencia de las autoridades para enfrentar el crimen organizado y el secuestro de personas por parte de grupos delictivos.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha destacado la importancia de la intervención de la FGR y de los esfuerzos para esclarecer los hechos, así como de la colaboración entre las autoridades federales y locales para abordar este tipo de tragedias. Además, la manifestación programada por los colectivos de personas desaparecidas en Ciudad de México busca visibilizar esta dolorosa realidad y exigir justicia para las víctimas.
Zacatecas, Zac. Con 1236 votos a favor de levantar la huelga y 621 de seguir con ella, la Universidad Autónoma de Zacatecas dio por conjurada la huelga de 23 días.
Fue después de las 22: 00 horas que en las instalaciones del sindicato de personal académico se decidió con el 66.86% de participación de maestros retirar las banderas rojinegras este viernes 14 de marzo, todo ello con anuencia del tribunal de conciliación Federal.
De un padrón de 2867 maestros solo votaron mil 917, sin embargo se logró contar con la suficiencia para levantar la huelga sería este lunes que las actividades se reactivarían en la máxima casa de estudios de los zacatecanos.
En su mensaje final, la Secretaria General del SPAUAZ, Jenny González Arenas agradeció el apoyo de todos sus agremiados, además de aceptar el impacto económico y social que dejó esta manifestación por sus derechos laborales.
Zacatecas, Zac.- Hasta 2024, en Zacatecas se han contabilizado 810 asentamientos irregulares, aunque se estima que la cifra real es mayor debido a la falta de actualización de datos por parte de los municipios. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot) señaló que muchos ayuntamientos no han reportado información actualizada, lo que dificulta la cuantificación precisa del problema.
Eugenia Pérez Haro, secretaria de Seduvot, explicó que la Auditoría Superior del Estado solicitó la actualización del registro de asentamientos, pero varios municipios no han colaborado. "No quieren evidenciar que tanto se ha permitido crecer de manera irregular en los municipios", afirmó.
De acuerdo al último censo registrado, los municipios de Zacatecas y Guadalupe concentran el 43% de los predios irregulares en el estado, con 70 y 274 asentamientos, respectivamente. A nivel nacional, en 2023 se registraron 17,770 asentamientos irregulares, donde habitan aproximadamente 1.4 millones de personas. Morelia, Ensenada, Ixtapaluca, Xochimilco y La Paz son los municipios con mayor número de predios irregulares, aunque Zacatecas no figura en esta lista.
Fraudes y falta de regulación
En la entidad, el problema se agrava por casos de fraude, como la venta múltiple de terrenos y personas que se hacen pasar por funcionarios para comercializar predios de manera ilegal. Pérez Haro destacó el caso de El Jaralillo, donde se registraron triples ventas de terrenos, lo que generó un conflicto legal.
En Guadalupe, el crecimiento poblacional y la falta de regulación urbana han propiciado la venta de terrenos en zonas no aptas para el desarrollo. Guillermo Gerardo Dueñas González, secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente de Guadalupe, señaló que estos terrenos se ofertan como "económicos", pero terminan perjudicando a las personas de menores recursos.
Acciones de regularización
En los últimos seis años, se han regularizado 400 viviendas en Guadalupe, beneficiando a 35 colonias. Sin embargo, aún existen cerca de 3,000 viviendas sin regularizar, donde habitan aproximadamente 10,000 personas sin certeza jurídica sobre sus propiedades. A nivel estatal, la Seduvot ha realizado cerca de 7,000 acciones de regularización.
Las autoridades buscan frenar la venta de terrenos irregulares y aumentar la oferta de vivienda regular a precios accesibles para combatir este problema, además de que se realizarán acciones de construcción de vivienda a precios accesibles con terrenos donados por los municipios en lugares donde no existen riesgos y hay acceso a servicios.