ZACATECAS, ZAC.- No es una prioridad el Gobierno del Estado busque imponer al pueblo, aseguró el secretario general de Gobierno Jehú Salas, respecto a la Presa Milpillas, sino que obedece a una carencia y dificultad que cada vez se agudiza más en organismos operadores de agua potable en el corredor de Fresnillo a Guadalupe.
"Naturalmente habrá de generar ciertas inconformidades o ciertas resistencias de grupos muy identificados ya de algunos pobladores, otros que no lo son, pero insisto, tenemos que seguir anteponiendo el interés general de cientos, de miles de zacatecanos al interés personal o de grupo en este ejido de El Potrero y aquellos que se puedan generar en otros lados. Para nada ha sido un tema de imposición o capricho de un gobierno en turno".
Aseguró que las acciones que se han tomado en El Potrero de Jiménez del Teúl han sido de concientización para que los ejidatarios comprendan la necesidad a la que atiende la pretendida presa en una propiedad originalmente de la nación, y a quienes se busca indemnizar conforme a la ley y brindarle de obras sociales para "generar entornos más amigables".
"Más que una afectación a su forma de vida es una afectación que habrá de darse en el patrimonio social que tiene el ejido, porque hay que decirlo, la afectación se da en una propiedad originaria de la nación como es la figura del ejido, que naturalmente tiene personas que trabajan en él.
Aunado a ello, reiteró que la mayoría de ejidatarios se manifestó a favor de la construcción del proyecto en la última asamblea donde hubo presencia policíaca y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció agresiones y represión directa hacia ellos y quienes acompañaban.
"La presencia de elementos de corporaciones policiales el día que se llevó a cabo la asamblea ejidal obedeció a tres cosas: La petición del presidente municipal, la petición de los propios ejidatarios del comisariado ejidal y obedeció a la obligación que tiene el estado de garantizarle seguridad a sus habitantes y de prevenir conatos de violencia que pudieron haberse agudizado de una manera mucho más severa".
Salas Dávila enfatizó en que no se trató de un acto de intimidación ni manipulación, contrariamente se cuidó que la votación se realizara de manera armónica con los ejidatarios a quienes correspondía tomar una decisión sin la intervención de grupos ajenos con "intereses muy particulares", como también el gobernador Alejandro Tello y el secretario de Agua y Medio Ambiente Fernando Maldonado han señalado, sin precisar cuáles son.
"Grupos como el que vimos en algunos videos, el interés particular es que no se lleve a cabo la obra? no lo sé, no lo sabemos, no hemos podido descifrar cuál podría ser el motivo, nos aferramos a creer que no se trata de un motivo político o electoral, o de posición de fortaleza de grupo".
Agregó que quienes se oponen al proyecto encontrarán disposición en los gobiernos estatal y federal para atender sus necesidades y demandas si este logra llevarse a cabo de acuerdo a la ley con la aprobación de la mayoría de los propietarios de las tierras que conforman el área.
"Estamos conscientes que tenemos que platicar con ellos, abrir una mesa de diálogo para poder generar una serie de acciones que pretendan beneficiar no solo a los ejidatarios que estuvieron de acuerdo con el proyecto, sino a todos los ejidatarios en su conjunto sin distingo de la posición que tuvieron frente a esta obra. Jurídica y materialmente no hay verdades absolutas, ni hay hechos ni proyectos definitivos".