Por: Luis González
Zacatecas continúa con esfuerzos por tener una efectiva reinserción social, sin embargo los ex convictos continúan teniendo dificultades para obtener empleo, lo cual los podría hacer reincidir.
La Dirección General del Instituto de Reinserción Social (DGIRS) refiere que hasta un 75 por ciento de las personas liberadas han visto complicado obtener un empleo después de cumplir su condena y de acuerdo al INEGI, en Zacatecas egresaron 2 mil 420 personas de los centros penitenciarios en 2023.
Maricela Dimas Reveles, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) manifestó: "Invitamos a las empresas a que vuelvan a emplear a este tipo de personas que salen de un proceso de reinserción, por tanto se supone que ya están capacitados para volver a alguna actividad laboral e instalarse dentro de la sociedad."
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en Zacatecas menciona que en 2021 el 15 por ciento de la población privada de la libertad señaló haber sido juzgada por algún delito de manera previa a su reclusión actual, por lo que se siguen buscando convenios para que en los 14 centros distritales se puedan inculcar los valores, símbolos patrios y trabajo.
Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas informó: "Estamos partiendo de esa parte de insertarlos dentro de una sociedad cuando salgan, destacarlos con un trabajo digno como son ese tipo de actividades de carpinteria, electricidad y la confección de uniformes."
El 77 por ciento de las personas privadas de la libertad en 2021 trabajó dentro de su confinamiento, la mayoría realizó labores artesanales (52.6%), carpintería (14%) mantenimiento y limpieza al interior (9.7%) y servicios personales (7%); en adición el 37.5 por ciento del total de reclusos también estudió para obtener un nivel escolar.
"Se mantienen ocupados, se mantienen con algún ingreso que les cae para la familia y además de otros trabajos que ya venían haciendo como la elaboración de cuadros, fotografías que las familias van, los sacan, los venden como ustedes han visto en algunas partes", refirió el secretario de seguridad de Zacatecas.
No obstante, las expectativas de reinserción son pocas, ya que el 57.5 por ciento de la población privada de la libertad considera que haber estado en un centro penitenciario afectará sus posibilidades de reintegrarse al ámbito laboral y aún existen muchos empleos dónde se solicita la carta de no antecedentes penales.
Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas dijo al respecto: "Hay una resolución del poder judicial efectivamente que prohíbe que ya sea una exigencia para poder contratar, sin embargo también hay un apartado dónde dice ?salvo estos casos?: tema de servicio público o un tema de seguridad pública, por eso es que se continúan expidiendo."
Por su parte, la presidenta de la CDHEZ puntualizó: "Desde que se les emite una carta de antecedentes penales ya con eso se les está limitando su derecho al trabajo, que es fundamental que una vez -como te señalo- que ellos ya sufren este proceso de reinserción puedan volver a tener este derecho."
A pesar de la resolución del Senado, en Zacatecas no existe legislación local al respecto, por lo que todavía hay empresas que piden este documento y estados como Coahuila, Jalisco y Nuevo León son entidades que ya empezaron a prohibir con la solicitud de este documento, ya que va en contra de una reinserción social efectiva, estigmatizando a las personas que cumplieron su pena.