La propuesta de Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, publicada en la gaceta parlamentaria el 13 de diciembre de 2022, pone en riesgo la operatividad de los Centros Públicos de Investigación, toda vez que establece la creación de una Junta de Gobierno, encargada de aprobar los planes nacionales de investigación, tendrá atribuciones para determinar si un centro se clausura o desaparece y aprobará el financiamiento de proyectos y becas, en base a la disponibilidad presupuestaria y bajo criterios de austeridad, informaron investigadores del Colegio de Michoacán.