Pueblos indígenas y afromexicanos recibirán nuevos derechos
El país alberga una amplia variedad de grupos étnicos, desde los pueblos indígenas, como los Nahuas, Mayas y Zapotecos, hasta comunidades afrodescendientes y mestizas. Cada uno de estos grupos aporta sus propias tradiciones, lenguas y costumbres, creando un mosaico cultural que enriquece la identidad nacional.
A pesar de esta diversidad, los pueblos indígenas a menudo enfrentan desafíos significativos. En respuesta, la Cámara de Diputados revisó un dictamen para reformar el artículo 2º de la Constitución Política con el objetivo de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Esta reforma busca garantizarles personalidad jurídica y patrimonio propio, asegurando el respeto pleno a sus derechos humanos.
Este dictamen forma parte de una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero y de varias propuestas de diputadas y diputados de la anterior Legislatura. La reforma propone una nueva constitución para los pueblos y comunidades indígenas, incorporando estos conceptos en el texto de la Carta Magna.
El documento destaca que la nación mexicana es multiétnica y reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Establece que la jurisdicción indígena será ejercida por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos indígenas, dentro del marco del orden jurídico vigente, en los términos de la Constitución y las leyes aplicables.
El país posee una gran diversidad lingüística, según el INALI, en México existen 11 familias lingüísticas, 68 pueblos originarios, que aportan una armonía que se produce al nombrar las más de 364 lenguas indígenas.
Además, los pueblos y comunidades indígenas tendrán el derecho de participar en la construcción de modelos educativos, de acuerdo con el artículo 3º constitucional, para reflejar la diversidad cultural del país. También podrán desarrollar, practicar y fortalecer la medicina tradicional y la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio. Se reconocerán los saberes y prácticas de salud de quienes las ejercen.
Las personas indígenas tendrán derecho a ser asistidas y asesoradas por intérpretes, traductores, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. También tendrán el derecho al desarrollo integral basado en sus formas de organización económica, social y cultural, respetando el medio ambiente y los recursos naturales. Serán consultadas sobre medidas legislativas o administrativas que puedan impactar significativamente en su vida o entorno, buscando su consentimiento o acuerdo.
Algunos de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas incluyen el despojo de tierras, la pérdida cultural debido a la globalización, la pobreza y exclusión, ya que en muchos lugares tienen acceso limitado a servicios básicos.
El dictamen también reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, descendientes de personas africanas traídas por la fuerza durante la época colonial. Estos pueblos tendrán el carácter de sujetos de derecho público y el derecho a proteger su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y su patrimonio cultural. Se promoverá la inclusión de sus conocimientos y contribuciones en el sistema educativo nacional y en los registros oficiales.
Asimismo, se garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar en los procesos de desarrollo de sus comunidades en condiciones de igualdad, así como a acceder a la educación, salud, propiedad, tierra y otros derechos humanos. También se asegura el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígenas y afromexicanos a recibir atención en sus lenguas y a disfrutar de sus derechos educativos, culturales y de desarrollo, libre de exclusión, discriminación y violencia.
La población afrodescendiente, reconocida como nuestra tercera raíz cultural, asciende a 2,576,213 personas (1,297,617 mujeres y 1,278,596 hombres), lo que significa que, por cada 100 personas que residen en el país, dos se consideran afrodescendientes por su historia, cultura y tradiciones.