Temporalmente suspendidos análisis clínicos en clínica del ISSSTE

Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), denunciaron que la clínica B ubicada en el municipio de Zamora no cuenta con el servicio de análisis clínicos, debido a la presunta instalación de nuevo equipo de laboratorio y capacitación del personal para el uso del mismo, situación que obliga a los pacientes que necesitan algún estudio a realizárselo en un laboratorio particular, lo cual representa un golpe directo para su economía.

Los casos de corrupción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) siguen brotando en áreas de primera importancia para la atención de pacientes, de por sí enfrentados a la precariedad de servicios.

Más allá de la promesa presidencial por gozar de un sistema de salud como el de Dinamarca, los ámbitos indispensables, en este caso para la institución responsable de la atención a la salud de la burocracia, se han visto perjudicados por actos de corrupción que, cometidos en la actual administración, dejaron sin servicio de rayos X y otros estudios, a las clínicas y hospitales del ISSSTE. 

Ahora, un nuevo caso se substancia en instancias de auditoría en relación con las ambulancias que arrenda el organismo.

Apenas el 15 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer la inhabilitación por 45 meses a Casanova Vallejo, parte del grupo empresarial Casanova Rent, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova.

El ISSSTE no es la única entidad o dependencia gubernamental en la que Casanova Rent ha gozado de contratos. En los últimos 12 años, el grupo Casanova, que engloba a las empresas Casanova Rent, Casanova Vallejo y Casanova Chapultepec, ha obtenido más de 633 contratos con ganancias superiores a los 12 mil 700 millones de pesos.

Hasta antes de la inhabilitación dictada en septiembre, dicho grupo fue contratado por dependencias como la Secretaría de Hacienda, el Instituto de Salud para el Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y la Fiscalía General de la República.

Tan solo en 2022, los contratos asignados por dependencias del gobierno federal le han significado ingresos por más de 273 millones de pesos distribuidos en 14 asignaciones, de manera que la inhabilitación significa un duro golpe a una de las empresas que han conseguido mayores contratos por el servicio de arrendar vehículos al gobierno.